Frente al impacto que provocan los fenómenos climáticos extremos y los incendios en nuesta ciudad, el bloque de concejales del Justicialismo presentó un proyecto de ordenanza para crear un “Fondo de Subsidios para Emergencias Habitacionales”.
El objetivo, según se explica en la iniciativa, es asistir con una suma de dinero a quienes sufran daños en sus viviendas o pertenencias a raíz de incendios o “sucesos meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos”, y que coloquen a familias montenses en una situación de emergencia habitacional.
El proyecto de ordenanza establece que podrán acceder al subsidio quienes acrediten domicilio en Monte, ingresos familiares inferiores a cinco salarios mínimos, y la tenencia legítima del inmueble afectado. Además, deberán permitir la inspección de los daños por parte de la autoridad municipal.
“No son los bienes en particular el centro de interés de la presente, sino el apoyo a las familias y las personas”, señala el proyecto, que también aclara que la ayuda solo se otorgará a quienes no tengan seguro sobre los bienes dañados.
El fondo sería administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Social junto a la Secretaría de Obras Públicas, que tendrán a su cargo la evaluación de los casos y la determinación del monto a otorgar. En caso de que en 60 días no se haya verificado el daño, se considerará reconocido y se liberará el pago del subsidio hasta el tope establecido.
Finalmente, el Departamento Ejecutivo podrá reasignar partidas presupuestarias para comenzar a implementar la medida hasta que el fondo se incorpore al presupuesto del próximo ejercicio.
“Abundan las razones que ameritan el avance de este proyecto”, afirman los concejales autores, recordando el dolor y la incertidumbre que enfrentan muchas familias ante este tipo de tragedi s.
En la sesión especial del 22 de mayo del Honorable Concejo Deliberante, en que se trató la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2024, los concejales de UxP expusieron al Departamento Ejecutivo, tanto al intendente como a funcionarios, quienes se hacen pagar un curso de Tramo Pedagógico, por un valor cercano a los 45.000 pesos mensuales. Esto afectó su credibilidad y su ambición de parecer siempre transparentes.
El intendente elevó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que establecerá la obligatoriedad de presentar y publicar las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y concejales. El mensaje, difundido como un avance institucional hacia la transparencia, promete acceso público a la información, sanciones para quienes incumplan, y resguardo de datos sensibles. A pesar de ello, lo que se anuncia como “nuevo” ya forma parte del historial normativo local.