La Voz de Monte 2025-06-03T22:12:00.000ZTransparencia en loop: Cuando legislar lo mismo se convierte en estrategia
El intendente elevó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que establecerá la obligatoriedad de presentar y publicar las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y concejales. El mensaje, difundido como un avance institucional hacia la transparencia, promete acceso público a la información, sanciones para quienes incumplan, y resguardo de datos sensibles. A pesar de ello, lo que se anuncia como “nuevo” ya forma parte del historial normativo local.
En efecto, la ordenanza N.º 3070/03, hoy vigente, ya exige a los funcionarios municipales la presentación de declaraciones juradas. Y aunque puede considerarse desactualizada en algunos aspectos, ha sido —al menos en lo formal— la norma que rige esta materia desde hace más de dos décadas. El verdadero problema no ha sido su letra, sino su escasa aplicación práctica.
En 2024, el Bloque de concejales de Juntos PRO, en cabeza de Sandra Ferrandi, dio un paso presentando otro proyecto más moderno y robusto, el mismo buscaba actualizar este marco normativo: incluía un listado extenso de sujetos obligados, plazos concretos de presentación, publicación digital de los datos públicos y sanciones económicas para quienes no cumplieran. A pesar de su calidad técnica, ese proyecto fue archivado por razones políticas, sin llegar siquiera al recinto.
Hoy, según trascendio el contenido del proyecto oficialista puede traer algunas novedades —como la inclusión de concejales o la intervención de un escribano público para la guarda de los datos reservados—, pero en esencia se trata de una iniciativa que ya existía y fue desestimada. Estamos en una situacion complicada, se legisla sobre lo legislado entrando en una espiral de inflación legislativa, fenómeno que padecemos donde se multiplican normas sin que ninguna logre aplicarse de manera efectiva.
Algunos señalan que la ordenanza de 2003 “quedó vieja” porque no contemplaba todos los puntos que hoy se buscan incorporar. Es cierto: no obligaba a publicar las declaraciones en la web, ni preveía sanciones, ni incluía a los concejales. Pero también es cierto que todos esos elementos ya estaban contemplados en el proyecto archivado de juntos Pro del 2024. ¿Por qué no retomarlo, mejorarlo y aprobarlo? ¿Por qué volver a empezar, como si no existiera historia institucional reciente?
Más que un problema de herramientas legales, lo que se pone en juego es la voluntad política de aplicar y sostener una política pública más allá de quién gobierne. Si cada gestión necesita su propia ordenanza para hacer lo que ya está escrito, entonces el problema no está en la norma, sino en la prioridad que se le da.
Monte no necesita más promesas de transparencia. Necesita que la que ya existe se cumpla.
